QUITO, Pichincha
Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó el Plan General de Trabajo para el periodo 2023 – 2025, en el que se detalla el inicio de procesos de fiscalización en distintas materias de interés ciudadano que marcarán la agenda de la mesa los siguientes 18 meses.
La crisis eléctrica, manifestada en cortes de luz programados desde los últimos días de octubre, es uno de los temas principales que abordará el organismo.
En el documento aprobado se afirma que existen indicios de un mal manejo político y técnico del sector, ya que, a pesar de las advertencias sobre el impacto del estiaje en la producción hidroeléctrica, no se tomaron las medidas necesarias para evitar la paralización de las centrales eléctricas.
Fenómeno de El Niño
La situación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos referente a la respuesta del Estado ante el Fenómeno de El Niño y otros desastres naturales; las denuncias sobre irregularidades en contratación y ejecución del sector petrolero y la calidad de combustibles.
También la ejecución de programas sociales relativos a desnutrición y trabajo infantil, y primera infancia que lidera el Ministerio de Inclusión Económica y Social, también son temas que preocupan a los comisionados.
Otros temas de interés de la comisión parlamentaria es la situación de la caja fiscal, liquidez del gobierno, recaudación tributaria y la deuda pública; el desabastecimiento de medicina, falta de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y centros médicos del Sistema Nacional de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, el estado de la infraestructura y el plan vial nacional.
Con relación a los trámites de juicios políticos pendientes en la Comisión de Fiscalización, previo al Decreto Ejecutivo No. 741 en el que se declaró la disolución del Parlamento, se ha solicitado a la Presidencia de la Asamblea Nacional que remita el listado de trámites asignados con la indicación de su estado. Asimismo, se ha remitido una consulta a la Coordinación General de Asesoría Jurídica a fin de aclarar vacíos legales derivados de la “muerte cruzada”. (I)
