QUITO, Pichincha
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y 15 personas naturales más irán a juicio en el caso Triple A. La decisión la tomó el juez de la causa este sábado 19 de julio, tras diez días de audiencia preparatoria.
La diligencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito. El magistrado que lleva la causa también decidió llamar a juicio a seis personas jurídicas en el caso que investiga la presunta venta ilegal de hidrocarburos en Ecuador.
Los involucrados son acusados de presuntamente formar parte de una red de comercialización ilegal de derivados de petróleo subsidiados en Ecuador, como gasolina y diésel.
Proceso penal
La Fiscalía General del Estado informó que, tras escuchar los argumentos de las partes procesales, el juez consideró que existen elementos suficientes para que los 22 acusados enfrenten la siguiente etapa del proceso penal.
El juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado ratificó medidas cautelares contra los procesados. Por lo que Aquiles Alvarez deberá utilizar, de forma inmediata, colocarse un grillete electrónico. Sin embargo, su abogado anunció que apelará la decisión.
Red de corrupción
El caso, que se encontraba en investigación desde 2023, involucra a una presunta organización dedicada a la distribución irregular de combustibles subsidiados a través de una red de empresas y funcionarios. Según la teoría de la Fiscalía, los imputados habrían desviado combustibles destinados a sectores regulados hacia el mercado negro, generando un perjuicio millonario al Estado.
Durante la audiencia, las defensas de los procesados buscaron desvirtuar los cargos. Sin embargo, el juez acogió el pedido del Ministerio Público y resolvió que los acusados sean llevados a juicio.
Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, cuestionó la decisión a través de su cuenta de X (Twitter): “El juez del caso triple A llama a juicio a todos los procesados bajo el argumento que todo lo alegado por los equipos de defensa, debe debatirse en juicio. ¿Entonces para qué están los jueces de garantías, si no van a analizar los argumentos de las partes? Una vergüenza”, escribió. (I)
