NAPO, Tena
Tras el anuncio oficial de trasladar la construcción de la megacárcel de Archidona, en Napo, a Salinas, en Santa Elena, los habitantes de Archidona festejaron el resultado de su resistencia, aunque recalcaron que seguirán atentos para proteger su seguridad y entorno.
El Gobierno informó que el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, solicitó que la obra se traslade a su jurisdicción, argumentando que este tipo de infraestructura incluye beneficios económicos y sociales. Sin embargo, en Archidona, la comunidad había manifestado preocupación por los riesgos a la tranquilidad y seguridad que implicaba la megacárcel.
Unidos en la resistencia
La lucha ciudadana comenzó en julio, con constantes protestas organizadas por comuneros, estudiantes y dirigentes, que rechazaban el proyecto. Amanda Grefa, alcaldesa de Archidona, destacó la unidad de la provincia de Napo para defender los derechos de más de 5.000 niños afectados por el plan inicial.
Durante los 14 días de resistencia, los manifestantes gestionaron logística para mantener su lucha: recibieron apoyo jurídico, atención médica y respaldo de otras provincias y nacionalidades amazónicas.
A pesar de la alegría, Grefa pidió cautela: «Esperamos la resolución escrita para confirmar este cambio». Asimismo, los líderes enfatizaron la necesidad de permanecer vigilantes ante posibles decisiones futuras que afecten a la región.
El triunfo de Archidona demuestra la fuerza de la organización ciudadana frente a decisiones gubernamentales. Sin embargo, este caso plantea interrogantes sobre la verdadera protección de la seguridad y los derechos comunitarios en procesos de infraestructura estatal. ¿Podrán las comunidades confiar plenamente en que sus intereses serán siempre respetados? (I)
