QUITO, Pichincha
La Corte Constitucional dictaminó que las operadoras de telefonía móvil no pueden realizar cobros indebidos, lo que obliga a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) a modificar su normativa y establecer medidas para proteger a los usuarios.
El organismo tiene un plazo de seis meses para implementar los cambios, según la sentencia emitida el 6 de febrero de 2025. El fallo respondió a una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y concedida por un tribunal de Pichincha, en favor de 65 personas que denunciaron vulneraciones a sus derechos como consumidores por parte de una operadora telefónica.
Arcotel anunció el inicio del proceso para garantizar que las operadoras móviles no apliquen cobros por servicios o equipos no solicitados sin el consentimiento expreso del usuario. La entidad estableció una hoja de ruta para reformar la normativa y asegurar:
- Verificación de identidad al contratar servicios o adquirir equipos.
- Canales efectivos de atención y reclamos para usuarios afectados.
- Manejo responsable de los datos personales por parte de las operadoras.
Arcotel enfatizó que atiende los reclamos en segunda instancia cuando los prestadores de servicio no responden de manera oportuna.
Como parte de la aplicación del fallo, el 5 de marzo de 2025, usuarios de Otecel recibieron mensajes informativos sobre la prohibición de cobros indebidos y la obligación de las operadoras de responder de manera eficaz a los reclamos de los clientes.
La sentencia establece que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una violación de los derechos constitucionales de los usuarios, conforme a los artículos 52 y 53 de la Constitución, lo que podría ser denunciado ante la Defensoría del Pueblo o reclamado mediante una acción legal.
¿Será suficiente esta reforma para evitar abusos de las operadoras o se requerirán nuevas regulaciones en el futuro? (I)
