GUAYAQUIL, Guayas
La Corte Provincial de Justicia de Guayas ordenó arresto domiciliario para Jorge Enrique A. M., juez investigado por prevaricato tras presuntamente conceder un indulto a Bryan Vicente A. A., conocido como alias “Momo”. Esta medida fue anunciada el pasado 23 de enero de 2025 por la Fiscalía General del Estado.
Alias «Momo», señalado como cabecilla de una red criminal y vinculado al caso Las Malvinas, cumplía una condena de cinco años por delincuencia organizada. Según la investigación, el juez habría aprobado el 27 de diciembre de 2024 una solicitud de indulto amparándose en el Decreto Presidencial 265, emitido en diciembre de 2021 durante el mandato de Guillermo Lasso, diseñado para condonar penas.
La Fiscalía asegura que la aplicación del indulto no se ajustó a los criterios legales, por lo que solicitó medidas cautelares contra el juez.
Operativo y evidencia recolectada
El pasado 22 de enero, la Policía detuvo al juez en su domicilio y realizó allanamientos en el Complejo Judicial Norte de Guayaquil y la Cárcel N.º 4. En las intervenciones se confiscaron:
- 8 teléfonos móviles
- 4 computadoras portátiles
- 8 USB
- 1 disco duro
- 1 tablet
- USD 5.910 en efectivo
- Joyas y documentos relacionados con el caso
Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa del juez argumentó que, debido a su edad (68 años), requería atención prioritaria. La Corte dispuso arresto domiciliario con vigilancia policial mientras avanza la investigación.
El delito de prevaricato, que consiste en tomar decisiones contrarias a la ley, contempla una pena de cinco a siete años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El oscuro caso de Las Malvinas
Alias ‘Momo’ es señalado por la Fiscalía como responsable de la desaparición y asesinato de cuatro menores de edad en diciembre de 2024. Este crimen involucra también a 16 militares acusados de detener a los menores en un operativo irregular cerca de un centro comercial en Guayaquil.
Los menores fueron encontrados calcinados el 31 de diciembre de 2024 en una zona remota cercana a Taura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este crimen y exigió al Estado investigar y sancionar a los responsables, incluidos posibles actores militares.
Con estas graves denuncias, ¿lograrán las autoridades garantizar justicia y transparencia en este caso? (I)
