QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche martes la “Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza” con 104 votos y 19 abstenciones.
Con esta norma se busca normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad.
La propuesta legal norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través de las servidoras y servidores policiales, de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección y garantía de derechos.
Además. determina sus derechos y obligaciones; establece el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén o puedan estar involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.
El debate del proyecto de Ley comenzó la semana pasada y se retomó hoy en una jornada en la que, desde el principio, hubo cuestionamientos por parte de los legisladores de Pachakutik, quienes no apoyaron los artículos que se refieren a la protesta social y pidieron que los eliminen.
«No podemos confiar en que aquí se ponga excepcionalmente cuando ya sabemos que eso simplemente se convierta en la ventana para que luego se haga tabla raza de la norma», indicó Salvador Quishpe.
Durante el debate intervinieron 43 asambleístas. El objetivo de PK era que se suprima de la propuesta los artículos (22, 23, 24 y 25) relacionados al despliegue de la Policía Nacional durante las protestas. No obstante, para el bloque oficialista, el proyecto era muy importante por la seguridad del país.
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en donde se trató la norma, dijo que se analizaron 1 350 observaciones. Las recomendaciones de última hora fueron analizadas durante la mañana de hoy, pero una moción previa no puede modificar los textos.
Para Juan Fernando Flores, el Proyecto de Ley sí fue debatido lo suficiente y la prioridad era entregarle hoy país una norma para afrontar la inseguridad. Salvador Quishpe y Ricardo Ulcuango insistieron que la propuesta sea regresada a la Comisión en donde fue tratada, para que se incluyan nuevos aportes en el texto final.
Otros legisladores hicieron observaciones encaminadas a mejorar y precisar el texto legal, sobre todo en lo que respecta a la protección del derecho a la protesta social pacífica. Por eso solicitaron se excluya del proyecto lo relacionado con el control de las manifestaciones. (I)
