QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional aprobó el lunes 05 de mayo, con 79 votos a favor, la Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales, conocida como Ley 59, que garantiza la estabilidad laboral de las personas con discapacidad y aquellos diagnosticados con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad, así como de sus sustitutos.
Según la ley, estos trabajadores no podrán ser desvinculados por su condición médica, y cualquier despido por esa causa será considerado nulo, obligando al reintegro con todos los derechos adquiridos.
Johanna Ortiz, ponente del proyecto y una de las principales impulsoras, subrayó que la normativa prohíbe el despido de servidores públicos o trabajadores privados debido a su condición física o por cuidar a una persona en esa situación. Además, establece que el acoso laboral basado en discapacidad o enfermedades graves será considerado ilegal y sancionado. El proyecto tiene como objetivo erradicar la discriminación y la violencia laboral contra quienes enfrentan vulnerabilidades de salud.
La nueva ley también contempla que los contratos ocasionales y nombramientos provisionales solo podrán ser terminados bajo causas expresamente justificadas por la ley. Además, durante procesos de reestructuración institucional, las personas con estas condiciones tendrán derecho a ser reubicadas en puestos de igual jerarquía.
Los servidores públicos con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas o de alta complejidad también podrán acceder a licencias médicas remuneradas durante el tiempo necesario para su tratamiento, sin que se les descuenten esos días de salario o vacaciones.
Mabel Méndez
Mabel Méndez, otra de las proponentes del proyecto, destacó que esta ley no es un acto de solidaridad, sino una deuda de justicia para los trabajadores que enfrentan enfermedades que ponen en riesgo su vida y, al mismo tiempo, luchan por mantener su empleo y sostener a sus familias. «Legislar es dar rostro y dignidad a quienes han sido invisibilizados», señaló.
Durante el debate, los legisladores Camilo Salinas y Santiago Aguilar también insistieron en la necesidad de aplicar la ley de manera efectiva, destacando la importancia de una base de datos actualizada para garantizar los derechos laborales de los afectados y sus cuidadores. Además, Aguilar recordó que la Corte Constitucional ha sido clara al respecto de la estabilidad laboral reforzada, un derecho que responde a la vulnerabilidad y al principio de igualdad.
La Ley 59 marca un paso importante hacia la integración plena de las personas con discapacidad y enfermedades graves en el ámbito laboral, asegurando su protección frente a la discriminación y promoviendo un entorno más inclusivo. (I)
