QUITO, Pichincha
Con el respaldo absoluto de los 120 asambleístas presentes, la nueva reforma energética impulsada por el presidente Noboa fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 27 de octubre de 2024, en un segundo y definitivo debate.
Esta normativa, denominada Ley Orgánica para Fomentar la Iniciativa Privada en la Generación Eléctrica, busca incentivar la inversión del sector privado en proyectos de generación eléctrica de hasta 100 megavatios, ampliando así el límite actual de 10 megavatios.
Facilitación de proyectos
Una de las principales características de esta ley es la eliminación del proceso de selección previo que debían cumplir los proyectos de generación eléctrica, lo que promete acortar considerablemente los plazos para su implementación. Este cambio responde a la necesidad urgente de aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país.
Cambios en las garantías de pago
En su propuesta original, el presidente Noboa había sugerido que los contratos de compra de electricidad entre las distribuidoras estatales y las empresas generadoras privadas estuvieran «respaldados por garantías emitidas por el Estado», mediante mecanismos de deuda pública o fideicomisos.
Sin embargo, durante el segundo debate, la Asamblea decidió modificar esta cláusula, otorgando a la Agencia de Control y Regulación de Electricidad (Arconel) la facultad de determinar la prelación de pago a los generadores eléctricos. Esto significa que Arconel podrá decidir si prioriza el pago a los productores privados, aunque ya no será una garantía de pago como se planteó inicialmente.
Para facilitar este nuevo enfoque, se creará un fideicomiso financiado a través de la recaudación del usuario final, aunque este cambio ha generado preocupación sobre la seguridad de los pagos a los generadores.
Limitaciones en la importación de gas natural
La nueva legislación es la incorporación de un artículo que permite a las empresas privadas importar gas natural únicamente para su autoconsumo en la generación eléctrica.
Este cambio ha suscitado críticas, especialmente del analista Alberto Acosta Burneo, quien señala que el gas natural es aproximadamente un 60% más económico que el diésel, que actualmente alimenta gran parte de la generación termoeléctrica en Ecuador. La decisión de limitar su uso a autoconsumo ha sido cuestionada, dado que podría restringir las opciones de generación más eficientes y económicas.
Durante el debate, algunos legisladores expresaron su apoyo al proyecto de ley como un medio para que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de la crisis energética, evitando así acusaciones de falta de respaldo por parte de la Asamblea en la implementación de cambios regulatorios necesarios.
Sin embargo, la asambleísta Lucía Posso advirtió que, debido a las modificaciones realizadas en la comisión, la ley podría no ser suficiente para resolver la crisis energética que enfrenta el país.
La aprobación de esta segunda ley eléctrica de Noboa representa un intento significativo por parte del gobierno de impulsar la inversión privada en el sector energético, aunque las modificaciones introducidas por la Asamblea podrían limitar la efectividad de esta iniciativa. (I)
