QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, con el voto unánime de los 131 legisladores presentes, archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de Toda Forma de Acoso Laboral.
La razón de esta resolución es que ya existe normativa en la materia que ofrece un espectro más amplio de protección al regular la violencia en general, y no únicamente el acoso laboral.
Asimismo, se determinó que la propuesta no cumple con los principios de necesidad y oportunidad, conforme a los requerimientos establecidos por la Corte Constitucional.
Marco normativo
La legisladora Victoria Quintana, al sustentar el informe, destacó que el marco normativo vigente en el Ecuador ha permitido avanzar significativamente en la protección de los derechos de los trabajadores, estableciendo una base legal sólida.
Señaló que las reformas para erradicar el acoso laboral, tramitadas el año 2024, junto con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, reflejan el compromiso claro y efectivo en la lucha contra toda forma de violencia y acoso en el ámbito laboral.
Esta normativa vigente contempla medidas de prevención, protección, atención y sanción en materia de violencia y acoso laboral, incluyendo protocolos claros y procedimientos para denunciar, investigar y sancionar conductas que atenten contra la dignidad de los trabajadores.
Explicó que contar con un marco normativo robusto elimina la necesidad de duplicar normas, lo que no solo podría generar confusión, sino también dificultar la aplicación efectiva de las leyes.
Quintana aclaró que esta decisión no implica desatender la problemática del acoso laboral, sino que, por el contrario, conlleva redoblar esfuerzos en la implementación y fortalecimiento de las normas existentes, así como en la capacitación de las instituciones responsables y en la sensibilización de empleadores, trabajadores y de la sociedad en general.
Finalmente, justificó que, según los aportes recibidos durante el proceso de análisis técnico, el proyecto presentado por la exasambleísta Sara Cabrera contenía varias deficiencias y limitaciones.
En particular, señaló la ausencia de procesos y procedimientos claros para la denuncia y protección de las víctimas, lo que podría generar mayor vulnerabilidad y, en muchos casos, revictimización. (I)
