QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó, la tarde del 30 de junio, el juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celi. Seis puntos de supuestos incumplimientos de funciones que tienen relación con delincuencia organizada y arrogación de funciones se incluyeron.
La moción fue presentada por el legislador Pedro Velasco. Los nueve legisladores de la comisión votaron a favor de esta petición.
Desde este 1 de julio se iniciará la etapa de cargo y descargo, la misma que tiene 15 días. Tanto Celi, como el asambleísta Juan LLoret, de UNES, quien planteó el juicio político, tienen ese tiempo para presentar sus pruebas.
Al interior del parlamento se debe resolver el juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno.
El plazo para su sustentación venció el 28 de mayo. No existió el informe respectivo y sus dos interpelantes, los socialcristianos, Mercedes Serrano y Dennis Marín ya no son legisladores.
En un intento por solventar este aspecto, la Asamblea designó, el 25 de junio, a Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), como los nuevos interpelantes.
Pero la Comisión de Fiscalización no tiene en sus planes inmediatos dar trámite al tema de Ortiz. Por ello, el 29 de junio resolvieron por unanimidad, remitir un informe a Guadalupe Llori, presidenta del legislativo, recomendando el archivo del caso.
Ayer miércoles, la Asamblea hizo público un comunicado en el que convocó para el 1 de julio a los legisladores, en donde se abordará el caso de Ortiz. (I)
