QUITO, Pichincha
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional retomó el análisis del proyecto de Ley de Ciberseguridad, una propuesta que busca modernizar el marco jurídico frente al incremento de riesgos digitales en instituciones públicas, empresas privadas y entre los propios ciudadanos. La mesa legislativa, dominada por Acción Democrática Nacional (ADN), prevé aprobar el informe para primer debate la próxima semana y enviarlo al Pleno.
El borrador plantea reformas a seis leyes vigentes: Transformación Digital y Audiovisual, Educación, Comunicación, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Tránsito y Telecomunicaciones. La intención es establecer reglas claras, mecanismos de control y un sistema escalonado de infracciones para fortalecer la respuesta del país ante ataques o incidentes informáticos.
Cambios estructurales y creación de un catálogo digital nacional
La propuesta designa al ente rector de Telecomunicaciones como autoridad responsable en transformación digital, gobierno digital y ciberseguridad. Además, le encarga la creación del Catálogo Nacional de Servicios Esenciales e Infraestructura Crítica Digital, instrumento inexistente hasta hoy y fundamental para clasificar riesgos prioritarios.
El proyecto obliga a las instituciones públicas a implementar políticas de prevención, protocolos de manejo de incidentes y reportes obligatorios. Tanto entidades estatales como prestadores de servicios digitales y operadores de infraestructura crítica deberán notificar incidentes de seguridad en un máximo de 72 horas.
Esquema de infracciones y sanciones
El texto establece un sistema de faltas para organismos públicos y empresas privadas:
- Leve: retraso en actualización de políticas o reportes omitidos.
Sanción: amonestación o multa equivalente a 100 salarios. - Grave: no reportar incidentes significativos o impedir verificaciones técnicas.
Sanción: multa de 101 a 500 salarios y/o suspensión temporal. - Muy grave: ocultar incidentes críticos, manipular evidencia o incumplir planes de resiliencia.
Sanción: multa de 501 a 1.000 salarios o del 2% de ingresos brutos, suspensión hasta seis meses o revocatoria definitiva.
Educación digital obligatoria en escuelas
El proyecto incorpora un componente ciudadano clave: reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para incluir en la malla curricular temas como:
- seguridad digital,
- uso responsable de la tecnología,
- identificación de riesgos en línea,
- ciberacoso, grooming, sexting, privacidad de datos,
- desinformación y buenas prácticas de higiene digital.
Además, la Ley de Comunicación se modificaría para destinar una hora diaria a programas oficiales de teleeducación, cultura, salud y seguridad digital.
Recuperación de artículos de una ley derogada
El borrador revive dos artículos de la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y los incorpora como reformas a la Ley de Tránsito. Estas disposiciones incluyen:
- un plazo de 180 días para que el ente de control verifique acreditaciones de empresas que calibran radares y dispositivos de detección automática,
- la facultad del presidente de ordenar el uso obligatorio de telepeaje cuando exista “grave conmoción interna por seguridad”.
La Comisión retomará el debate cuando regresen al país su presidenta, Inés Alarcón, y el vicepresidente Andrés Castillo, quienes cumplen agenda en España. La propuesta busca consolidar un marco robusto ante un contexto de vulnerabilidades crecientes, como la reciente filtración masiva de 16 millones de números ecuatorianos en WhatsApp, uno de los incidentes más graves registrados este año. (I)
