QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional ejecuta una reforma sin precedentes que apunta directamente al nepotismo dentro de sus filas. Desde la entrada en vigencia del nuevo artículo 7 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, 40 funcionarios fueron separados de la institución. De ellos, 19 presentaron su renuncia voluntaria y 21 salieron por decisión administrativa.
Esta acción marca un antes y un después en la gestión pública. Por primera vez, la prohibición de contratar familiares se extiende a los funcionarios de nivel jerárquico superior, no solo a los asambleístas. Además, la Presidencia del Parlamento ahora puede cesar personal asignado a los despachos sin requerir autorización del legislador involucrado.
Niels Olsen
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sostuvo que el proceso se ejecuta sin concesiones ni distinciones políticas. «Las reglas son para todos», afirmó, al señalar que se desvinculó personal relacionado con miembros de la Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano y también funcionarios administrativos con lazos familiares entre sí.
Antes de la reforma, prácticas como la contratación cruzada entre despachos no eran sancionadas legalmente, pese a su cuestionable ética. Con el nuevo reglamento, estas acciones se consideran infracciones formales y su cumplimiento es inmediato.
La Asamblea se convierte en la primera institución pública del país en aplicar una política activa de depuración por vínculos familiares. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) estableció un plazo de 30 días para continuar el proceso sin excepciones ni privilegios.
El Parlamento también garantizó el respeto a la privacidad de los datos personales en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. La información sobre las desvinculaciones se mantiene bajo estrictas normas de confidencialidad.
Con esta reforma, el Legislativo sienta un precedente para el resto de las instituciones del Estado y refuerza su compromiso con la transparencia y la ética en la función pública. (I)
