QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional demandó la presunta inconstitucionalidad del decreto, conocida como Ley «Antipillos», promulgado por el presidente Daniel Noboa. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, presentó la acción ante la Corte Constitucional (CC) el 19 de diciembre de 2024, argumentando que esta norma, en lugar de combatir el lavado de activos, incrementa impuestos a la ciudadanía.
«Es un paquetazo navideño para la clase media del país», afirmó Veloz, acompañada por legisladores de su bancada, Revolución Ciudadana. Según la Ley, vigente desde el 10 de diciembre, quienes compren vehículos usados deberán pagar nuevas tarifas de impuestos. La Asamblea estima que estos valores se aplicarán a partir de enero de 2025.
En su acción de inconstitucionalidad, el Legislativo solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la ley hasta que la Corte emita su fallo. Además, Veloz defendió la decisión de archivar el proyecto en noviembre, asegurando que el presidente Noboa no tenía base legal para emitirlo como decreto-ley.
El respaldo a esta demanda proviene de las bancadas de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Construye y varios independientes. ¿Responderá la Corte Constitucional al cuestionamiento de la Asamblea, o se consolidará el decreto-ley como una herramienta del Ejecutivo para fortalecer su agenda? (I)
