QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización y Control Político inició el martes, 27 de enero de 2026, un proceso de seguimiento y fiscalización integral a las entidades municipales responsables del transporte y la seguridad vial, tras avocar conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El proceso de control se centra en las presuntas emisiones irregulares de matrículas vehiculares, que, según las denuncias, podrían estar vinculadas a grupos de delincuencia organizada. El objetivo de la fiscalización apunta a esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y proponer acciones correctivas, además de eventuales reformas normativas.
De acuerdo con la resolución adoptada por la Asamblea en diciembre de 2025, la Comisión deberá elaborar, en un plazo máximo de 90 días desde la notificación oficial, un informe no vinculante. El documento incluirá un análisis técnico y legal del proceso, así como un detalle de las medidas que deberán adoptar las entidades competentes.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que en los próximos días se entregará a los legisladores un cronograma de trabajo. Este contemplará pedidos de información, acciones de control y convocatorias a comparecencias, con el fin de cumplir el mandato del Pleno y fortalecer la transparencia en la gestión del transporte y la seguridad vial a escala nacional. (I)
