QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos afirmativos, una resolución que dispone un proceso de fiscalización a entidades municipales por presuntas irregularidades en el sistema nacional de tránsito.
Será la Comisión de Fiscalización y Control Político la que debe iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada.
El objetivo de esta resolución es esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.
El ponente de la resolución, asambleísta José Luis Nango, enfatizó que lo planteado no es un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental sobre si la Asamblea se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito.
Denunció que en varias ciudades existen indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas para legitimar vehículos robados, prácticas que terminan facilitando asaltos, secuestros y asesinatos.
Nango recordó que la Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar si pertenecen al nivel central o a los gobiernos locales.
En este contexto Nango advirtió que la delincuencia organizada busca capturar estas entidades porque controlar el sistema de matrículas significa controlar la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos.
Durante el debate, varios legisladores se pronunciaron a favor y en contra de dicha resolución, enfatizando la necesidad de fortalecer la fiscalización, pese a las limitaciones para ejercerla sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Adrián Castro recordó que dichas resoluciones evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon más de 115 mil vehículos sin pago alguno, con un perjuicio superior a 50 millones de dólares, además de la creación de alrededor de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente. (I)
