QUITO, Pichincha
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional analizó la denuncia presentada el 15 de agosto en Olón, Santa Elena, contra un sacerdote católico por presunta violencia sexual contra menores de edad.
La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, expresó su preocupación y subrayó la responsabilidad ética y moral de las instituciones del Estado en la defensa de la niñez. Por ello, convocó a representantes de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe.
Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía, informó que la institución abrió una investigación previa el 17 de agosto a las 14h29, tras un parte policial y una denuncia presentada por la Tenencia Política de Manglaralto. La investigación incluye pericias psicológicas a los adolescentes presuntamente afectados.
Baño detalló que actualmente la Fiscalía da seguimiento a 11 casos de violencia sexual en espacios de fe: uno en etapa judicial y diez en investigación previa.
Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, indicó que el 19 de agosto se emitió la providencia de admisibilidad para vigilar el debido proceso. Además, se solicitó a la Conferencia Episcopal datos sobre protocolos de protección de menores, aunque aclaró que no se ha recibido información sobre casos específicos.
En la sesión, Sara Oviedo, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció la falta de colaboración de la Iglesia católica y cuestionó lo que calificó como un “código de silencio” que impide denunciar y constituye una forma de encubrimiento.
La Comisión legislativa anunció que dará seguimiento permanente a estos procesos para garantizar justicia y protección a niñas, niños y adolescentes en todo el país. (I)
