
QUITO, Pichincha
Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, docaciones, sexto económico urgente, remitido por el presidente Daniel Noboa Azin.
Esta normativa tiene como objetivo establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, en el marco de sus atribuciones constitucionales de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y seguridad integral del Estado.
Esta es la sexta ley con carácter de económica urgente que ha enviado el presidente Daniel Noboa al Legislativo desde que inició su periodo, el 24 de mayo de 2025.
La propuesta
La propuesta enviada por el Ejecutivo y tratada por la Comisión de Desarrollo Económico es relativamente corta. Consta de cuatro artículos; dos disposiciones generales y dos derogatorias; una reformatoria y una transitoria.
La idea central de la propuesta es que «las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para garantizar la seguridad y la paz ciudadana».
Esos aportes pueden proceder de contribuyentes nacionales o entidades, gobiernos u organismos internacionales con los que existan acuerdos o convenios de cooperación.
Respaldo a las fuerzas del orden
El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, destacó que este es un gran día para fortalecer y respaldar a las fuerzas del orden, que durante años han sido injustamente criticadas pese a arriesgar su vida por la seguridad de todos los ecuatorianos.
Dijo que la ley busca dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer inversión, reduciendo el riesgo país.
“Hoy es el momento de decidir si queremos un Estado que se arrodilla ante las mafias o un Estado que protege la vida de los ecuatorianos”, enfatizó.
Durante el debate, intervinieron varios legisladores quienes coincidieron en la necesidad de garantizar la seguridad nacional frente al aumento de la criminalidad.
Christopher Jaramillo señaló que la inseguridad ha afectado la calidad de vida y la estabilidad social, por lo que esta ley constituye una medida estratégica para proteger al país.
Mientras que, Maria Paula Villacreses resaltó que la ley no solo protege la seguridad, sino también el futuro y la economía del Ecuador. (I)
