QUITO, Pichincha
Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, resultado de la unificación de diez iniciativas legislativas presentadas en periodos anteriores sobre la misma materia.
El asambleísta Sergio Peña, ponente del informe, explicó que, aunque las propuestas buscaban fortalecer la defensa de los consumidores, terminaron generando más problemas que soluciones. Recordó que el país ya cuenta con una Ley de Defensa del Consumidor con disposiciones constitucionales claras y una Defensoría del Pueblo encargada de velar por su cumplimiento.
Entre las observaciones, Peña indicó que ciertos artículos, como la acumulación de servicios no utilizados, resultarían inviables en sectores como hotelería o servicios básicos. Asimismo, se advirtió sobre la atribución de efectos jurídicos vinculantes a estándares de soft law, riesgos financieros por regulaciones inapropiadas y confusión entre indemnización civil y sanción administrativa. También se cuestionó la introducción del concepto de “asentimiento” en contratos de adhesión, que modificaba el consentimiento contractual previsto en el Código Civil y el Código de Comercio, generando inseguridad jurídica.
Con base en estos argumentos constitucionales, legales y técnicos, el Pleno concluyó que el proyecto no aportaba elementos innovadores, afectaba principios fundamentales del derecho privado, generaba conflictos normativos y planteaba riesgos innecesarios para el Estado. (I)
