QUITO, Pichincha
Con 116 votos en contra, la Asamblea Nacional negó el pedido de enmienda constitucional que pretendía modificar el régimen especial de Galápagos respecto a la elección del presidente del Consejo de Gobierno y sobre la regulación de la residencia, migración interna y derecho al trabajo en la provincia.
El informe de la Comisión de Enmiendas que tramitó el proyecto presentado por el ex legislador, Washington Paredes, recomendó su archivo porque es improcedente, porque puede afectar al régimen especial de gobierno que tiene la provincia por disposición de la Constitución.
También se advierte que, al disponer que el Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea electo por el voto popular y modificar el sistema de gobierno de las islas se podría desconocer la naturaleza del régimen especial que tiene la región insular.
Que el régimen especial de Galápagos fue diseñado con el objeto de encontrar un balance entre la vida humana y una zona natural protegida.
Francisco Jiménez, ponente del informe de la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, indicó que la mesa recibió a 23 invitados expertos que trataron el tema y realizaron un foro ciudadano con la participación de 160 representantes de diversos sectores.
En el informe, se consideró la situación de riesgo de las islas, la necesidad de contar con un régimen especial, tomando en cuenta un ecosistema único e irrepetible en el mundo, que se debe preservar; garantizar un equilibrio en la representación política local con la supervisión técnica del Ejecutivo, debido a las características de especialidad del territorio de las islas Galápagos.
También se buscó la manera de garantizar el equilibrio ambiental entre los derechos de la naturaleza y el desarrollo de la provincia, lo cual hace inviable la enmienda.
Los legisladores también tomaron en consideración que con la proclamación por la UNESCO del archipiélago como Patrimonio Natural de la Humanidad, en 1978, el Estado ecuatoriano comenzó a dotar a las islas de una institucionalidad más fortalecida. Y en ese contexto, estableció el criterio de conservación que actualmente rige en la región insular.
Además, en el informe se señaló que contar con una representación política supone el derecho de elegir y ser elegido; no obstante, cuando un régimen especial como el de Galápagos ya cuenta, por motivos conservacionistas, ambientales, sociales y económicos, con una representación popular que se combina con presencia del Ejecutivo, pretender alterarlo para fines de constituir una plataforma política podría ser un serio riesgo para el equilibrio del conjunto del sistema. (I)
