QUITO, Pichincha
Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el miércoles 1 de octubre de 2025 una resolución que condena el ataque a la red de distribución de agua potable en Imbabura, en el marco del paro nacional.
La moción, presentada por el legislador Fernando Jaramillo, rechaza los actos de violencia contra bienes públicos y privados por constituir una amenaza a la paz social, la seguridad ciudadana y la convivencia democrática.
El hecho se registró bajo el puente de Rumipamba, en la parroquia La Esperanza del cantón Ibarra, donde manifestantes dañaron la tubería de agua potable.
La Asamblea subrayó que este ataque representa una grave afectación al derecho humano al agua, además de poner en riesgo la seguridad de la población y la infraestructura estratégica del país.
“La protesta es legítima dentro del marco constitucional, pero no puede derivar en actos que generen caos”, enfatizó Jaramillo.
Debate: violencia y límites de la protesta
El legislador Esteban Torres sostuvo que “secuestrar policías y militares no es justicia indígena; usar bombas molotov, cortar servicios de agua y sitiar ciudades no es protesta”.
De su lado, Andrés Guschmer advirtió que dañar la tubería de agua potable constituye “un atentado contra la vida y contra el corazón del pueblo”.
Mientras tanto, Héctor Rodríguez recordó que la violencia también se refleja en los problemas de salud que aquejan al país, y defendió la vigencia de los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.
Voces ciudadanas: “Nos sentimos encarcelados”
En comisión general, la Asamblea escuchó testimonios de ciudadanos afectados.
- Narcisa Flores, dirigente barrial de Ibarra, confirmó la rotura de la tubería de agua y pidió no perjudicar a las mayorías.
- Consuelo Ruiz, madre de familia, relató que su emprendimiento se quedó sin clientes durante 10 días. “Los cierres viales no solo paralizan la economía, también la vida de los imbabureños”, señaló.
- Gabriel Morales, de Cotacachi, aseguró que se sintió “encarcelado en su propia casa” por los bloqueos.
Las ciudades más golpeadas fueron Otavalo, Atuntaqui e Ibarra, donde se registraron cierres de negocios y mercados, además de interrupciones prolongadas en los servicios.
El documento aprobado ratifica el compromiso de la Asamblea de defender el derecho al agua, proteger los bienes públicos estratégicos y fortalecer la institucionalidad democrática en estricto apego a la Constitución y la ley. (I)
