QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó de forma categórica cualquier intento de injerencia extranjera o financiamiento irregular destinado a influir en los procesos democráticos del Ecuador. La resolución se aprobó la noche del jueves 5 de febrero de 2026 con 76 votos afirmativos, al considerar que este tipo de acciones representa una amenaza directa a la soberanía popular, al orden constitucional y a la voluntad libre del electorado.
La decisión legislativa surgió tras declaraciones públicas de un exasambleísta, quien aseguró haber recibido órdenes para trasladar dinero desde Venezuela con el objetivo de financiar una campaña política en el país. Estas afirmaciones encendieron las alertas dentro del Parlamento y motivaron el debate en el Pleno.
Asamblea
En la resolución, la Asamblea exhortó a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y al Tribunal Contencioso Electoral a actuar de manera oportuna y diligente, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales. El Legislativo pidió investigaciones técnicas, objetivas, independientes y transparentes frente a los hechos puestos en conocimiento público.
El asambleísta Luigi García, proponente del proyecto, sustentó la iniciativa en un video en el que un exlegislador y exjefe de campaña del movimiento Revolución Ciudadana afirma que existió el envío de recursos económicos desde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Durante su intervención, García advirtió que el Parlamento no puede guardar silencio ante acusaciones de esta magnitud.
“La Asamblea Nacional no puede ni debe quedarse callada. Estamos ante una denuncia que pone en riesgo la institucionalidad del Primer Poder del Estado. De confirmarse estos hechos, hablaríamos de una posible intromisión del crimen organizado transnacional en la política ecuatoriana”, enfatizó el legislador durante el debate.
La resolución reafirma la posición del Parlamento en defensa de la transparencia electoral y del respeto a la soberanía del país frente a cualquier influencia externa en los procesos democráticos. (I)
