QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 121 votos a favor, una resolución que respalda la cooperación internacional en materia de seguridad. La decisión busca fortalecer a las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El debate se desarrolló el 25 de febrero de 2025, luego de que la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) impulsara la propuesta. La iniciativa surge en medio de una crisis de violencia, con enero y febrero marcando un récord de más de 1.000 muertes violentas en el país.
Una respuesta urgente ante el avance del crimen organizado
El legislador socialcristiano Otto Vera presentó la moción tras un extenso debate, donde la mayoría de bancadas coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad y fortalecer la cooperación con gobiernos extranjeros.
El documento aprobado declara a las bandas criminales como “enemigos del Estado” y exhorta al Ejecutivo a gestionar, a través de la diplomacia, la implementación efectiva de acuerdos internacionales ya suscritos. Además, ordena al Gobierno coordinar y monitorear el cumplimiento de estas medidas.
Ministros de áreas clave como Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Finanzas, junto con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán informar cada 15 días a la Comisión de Soberanía y Seguridad sobre:
- Acciones y resultados de los acuerdos bilaterales y multilaterales en seguridad.
- Estado de las relaciones con países aliados en materia de cooperación.
- Situación de la seguridad con Colombia y Perú.
- Registro de expertos militares extranjeros que hayan ingresado al país en el marco de estos convenios.
División política y dudas sobre la real intención
La sesión del Pleno 1012, donde se abordó la resolución, había sido suspendida el 19 de febrero por falta de quórum, lo que generó fricciones entre bancadas. Opositores acusaron al oficialismo de aprovechar el debate con fines electorales, mientras que ADN señaló a sus adversarios de frenar la lucha contra el crimen.
Durante la discusión, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, permitió la intervención de constitucionalistas como Paúl Córdova y Miguel Molina, quienes argumentaron que no era necesario un pronunciamiento legislativo para concretar acuerdos de cooperación internacional.
Sin embargo, el asambleísta Ferdinan Álvarez, de ADN, defendió la resolución asegurando que su propósito era emitir un “pronunciamiento político fuerte” en respaldo a las acciones del Ejecutivo. La propuesta contó con el consenso del Partido Social Cristiano (PSC), lo que facilitó su aprobación casi unánime.
Ante este escenario, surge la interrogante: ¿este respaldo político logrará traducirse en una mejora tangible en la seguridad del país o quedará como un simple gesto simbólico en medio de la crisis? (I)
