QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional aprobó el martes 16 de septiembre el cambio del orden del día y expresó su respaldo al Ejecutivo en la optimización del subsidio al diésel, decisión que marca un hito en la política económica del país.
La medida busca frenar las distorsiones que, durante décadas, beneficiaron a sectores con mayor poder adquisitivo, mafias de contrabando y redes del narcotráfico. El subsidio representaba un gasto superior a USD 1.500 millones anuales, cifra que en 51 años superó los USD 33.000 millones, según datos presentados en el debate legislativo.
El asambleísta Esteban Torres, proponente del cambio del orden del día, señaló que solo el 9 % de la población utiliza diésel, mientras que gran parte del combustible termina en minería ilegal, contrabando y narcotráfico. Añadió que los recursos liberados fortalecerán programas como créditos para el sector agrícola, la ampliación del Bono de Desarrollo Humano, el plan 7×7 y la entrega de motores fuera de borda para comunidades pesqueras.
Propuesta de la RC5
En la sesión, la mayoría legislativa rechazó la propuesta de la RC5, que buscaba bloquear la medida. El intento fracasó porque la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que exige ingreso por escrito, firma de al menos el 10 % de los legisladores y presentación con 24 horas de anticipación.
El presidente del Parlamento, Niels Olsen, calificó la decisión como un acto de responsabilidad. “En un país golpeado por promesas incumplidas, hoy se necesitan decisiones valientes aunque incomoden. Adelante, Presidente”, expresó.
Con esta resolución, el Legislativo acompañó al Ejecutivo en un cambio estructural que, según el Gobierno, liberará recursos para educación, salud y seguridad, además de alinear al Ecuador con países vecinos como Colombia y Perú, que ya corrigieron sus subsidios a los combustibles.
La jornada evidenció que la estrategia de boicot perdió espacio en la Asamblea, mientras se consolidó un bloque que respalda políticas fiscales orientadas a la estabilidad económica, el empleo y la inversión social. (I)
