QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional suspendió el pasado 13 de marzo el debate sobre una resolución que buscaba levantar la reserva del contrato de compra de cascos y chalecos balísticos para las Fuerzas Armadas, luego de que la Contraloría General del Estado retirara su pedido de desclasificación de la información. La decisión se tomó tras conocerse que la Fiscalía General abrió una investigación previa por presunto peculado en este proceso.
La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), anunció la suspensión del debate después de que la Contraloría, en un oficio firmado por el contralor subrogante Carlos Sánchez, comunicara que la documentación relacionada con la compra de los chalecos balísticos ahora está bajo cadena de custodia, lo que limita cualquier acción de control.
El documento indica que a las 14:00, tres horas antes de la sesión del Pleno, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó a la Contraloría sobre la investigación en curso, lo que motivó la decisión de retirar el pedido de desclasificación.
Inicialmente, el 10 de marzo, la Contraloría había solicitado levantar la reserva del contrato para realizar un examen especial a la compra, una adquisición cuestionada por distintos sectores debido a posibles irregularidades.
La bancada oficialista
La bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), criticó la postura de la Contraloría. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, argumentó que la Contraloría tiene la facultad legal de revisar contratos sin necesidad de una resolución de la Asamblea. Según la legisladora, el Reglamento de la Ley de Contratación Pública permite al organismo de control levantar reservas cuando lo considere necesario.
«No es lo correcto, no está dentro de la ley; lo están utilizando para un show político, pero nosotros siempre vamos a estar a favor de la transparencia», afirmó Alarcón.
Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el debate sobre este tema en el Pleno se realizará a puerta cerrada. Para aprobar la desclasificación de la información, se requerirá una mayoría calificada de 92 votos. (I)
