QUITO, Pichincha
Fomentar el despliegue de redes comunitarias de telecomunicaciones en zonas urbano marginales, rurales, fronterizas y prioritarias, así como garantizar el desarrollo de redes comunitarias de telecomunicaciones, es el objeto del proyecto de Ley para Garantizar el acceso a la Conectividad y Alfabetización Digital, que el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate.
La propuesta que unifica 4 iniciativas legales también busca desarrollar políticas públicas para que estas zonas, de forma masiva, accedan a internet con tarifas reducidas, logrando una mayor conectividad y permitir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación cubran especialmente las necesidades educativas y laborales.
Diana Pesántez, asambleísta ponente, subrayó que para el desarrollo integral del país es necesario acceder a internet y sus beneficios. “No hay mejor ventaja para las oportunidades que la comunicación y nada impacta tanto en actividades educativas, sociales, económicas, culturales, entre otras como el acceso a internet”, afirmó.
En el debate intervinieron 19 legisladores, quienes destacaron la importancia del proyecto para que cada día más ecuatorianos accedan al servicio de internet e impulsar el desarrollo de la población ecuatoriana. Subrayaron la necesidad de asignar recursos para la implementación de infraestructura física; y que el Estado de prevalencia a la empresa pública sobre las privadas que proveen este servicio.
El proyecto
Consta de 23 artículos que crean herramientas para avanzar a la alfabetización digital, con el fin de impulsar la economía digital, eficiencia y bienestar social.
Plantea que los prestadores de servicios de internet deberán adecuar características, calidad y prestación de redes a efecto de conformar soportes físicos, que permitan su desarrollo y expansión en todo el país, dando atención prioritaria a las áreas de menos ingresos y con menor cobertura de internet.
Además, garantiza que los sectores urbano marginales y rurales del país accedan al servicio de internet de óptima calidad, con tarifas reducidas; promueve el despliegue de redes en condiciones de igualdad y no discriminación de estas zonas; y, facilita el acceso de usuarios con discapacidad al proponer exoneraciones y los beneficios tarifarios que sean necesarios. (I)
