QUITO, Pichincha
Con el objetivo de entregar mayores garantías a policías, militares y agentes penitenciarios para sus tareas, la Asamblea Nacional instaló el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley del uso legítimo de la fuerza.
El oficialismo puso en una disyuntiva a los 137 legisladores. “Solo hay dos caminos: o estamos del lado de la ley o de la delincuencia”, dijo Patricio Pinto (Creo), uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad, donde se procesó el texto.
Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) y presidente de esta comisión, aseguró que esta norma servirá para “darle claridad al policía para que pueda actuar. Cada nivel tiene que ser utilizado dependiendo del grado de riesgo o del grado de peligro que se genere”.
Señaló que dichas garantías van desde auspicio legal, seguro de vida para proteger al núcleo familiar del uniformado, capacitación, entrenamiento y dotación de armas.
Sin embargo, el informe presentado en el Pleno no llenó las expectativas de los legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), el correísmo y Pachakutik, que controlan la mayoría en el Pleno.
El socialcristiano Luis Almeida cuestionó que el proyecto no sea explícito para que los policías puedan disparar, en casos de delitos flagrantes como robo o asesinato, y no ser procesados. Aunque Pinto mencionó que “van a poder defenderse en libertad, y no van a perder su trabajo”.
“Ellos están planteando que tiene que ser procesado y que le van a poner un abogado. Cuento. Porque los defensores públicos nunca han ganado un juicio”, replicó Almeida.
El correísmo y Pachakutik identificaron como el nudo crítico el rol de la Fuerza Pública en protestas sociales, aunque los legisladores del oficialismo y la ID señalaron que esta iniciativa no fue construida para normar el tema.
“Estamos estableciendo que sean protegidas por la Policía Nacional y les estamos dando la categoría de movilizaciones y protestas pacíficas. Si en ese contexto, hay personas infiltradas, que incurren en violencia, la Policía puede neutralizarlos”, afirmó Narváez.
En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, Pinto explicó que este cuerpo legal obligará a que los militares “estén articuladamente con la Policía en las calles, no solamente para el control de armas que ya se realiza, sino también podrán ingresar a zonas denominadas calientes”.
El texto de casi 200 artículos llegó a segundo debate en la sesión 774 del Pleno, la primera en ser convocada por el nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tras la pugna legislativa que mantuvo trabada a esta Función por tres meses y que desembocó en la remoción de Guadalupe Llori. (I)
