QUITO, Pichincha
El legislador Darwin Perera, a nombre de la bancada legislativa de Pachakutik, presentó la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, a quien le acusa de incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley, en el ejercicio de su cargo.
Pereira explicó que son ocho las causales que sustentan el juicio político que tienen que ver con la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a instituciones del sistema financiero.
Además, aseguró que hay instituciones que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la ley, lo que impidió que los usuarios puedan concretar la renegociación de sus deudas, pese a lo cual la Superintendenta de Banco no hizo nada al respecto.
Igualmente, expresó que el Banco Pichincha registró un problema de ciberseguridad que afectó a alrededor de cinco millones de personas que no pudieron realizar sus transacciones ni transferencias, a la vez aseveró que no es la primera vez que esta entidad registra este tipo de problemas, pues se presentaron también en febrero y julio pasados.
Darwin Pereira expresó que es público y notorio que existen muchas casas y lugares en donde se reciben depósitos de dinero de la gente, frente a lo cual es evidente la inacción de la Superintendecia, pese a que la ley le otorga las atribuciones para sancionar a estas entidades.
Señaló el caso Big Money como el más notorio en el que las personas no pueden recuperar sus recursos hasta la presente fecha, afirmó.
También manifestó que la acusación se refiere a la fijación de tasas de interés y regulación de los bancos.
Será una oportunidad para demostrar que cuatro bancos tienen más del 50% de los activos de toda la banca (24 bancos), lo que evidencia que la Superintendencia de Bancos no ha hecho nada para controlar un posible oligopolio que estaría enfrentando el país.
Pereira afirmó finalmente que por las razones anotadas solicitan la censura y destitución de la Superintendenta de Bancos y la consiguiente prohibición para que ejerza cargo público por dos años, conforme lo establece la ley. (I)
