MACHALA, El Oro
Luego de las denuncias de una docena de propietarios de establecimientos por las clausuras del Servicio de Rentas Internas (SRI) a sus establecimientos porque, supuestamente, no siguieron el debido proceso, la asambleísta orense, Johanna Moreira Córdova, remitió un pedido de información a la entidad tributaria, con el objetivo de iniciar una investigación sobre este tema.
Según el SRI de El Oro, los establecimientos fueron clausurados porque no emitían facturas al momento de cobrar el servicio ofrecido. Sin embargo, los propietarios de los locales sancionados dicen que eso no fue así.
De ahí que el pasado fin de semana, fedatarios del SRI se hicieron pasar por clientes. Los establecimientos emitieron las facturas, pero, según aducen, hubo fallas en el sistema de la entidad, por lo que las facturas electrónicas no fueron cargadas, sin embargo, afirman que sí emitieron facturas físicas. Pese a ello, los fedatarios los clausuraron.
La queja se profundiza porque aseguran que la institución tributaria no siguió el procedimiento. Señalan que existe un plazo para cargar las facturas al sistema y están dentro del plazo permitido por la Ley, por eso, califican la sanción impuesta como un abuso y una persecución.
Ante ello, la legisladora y cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitió una solicitud a Francisco Briones, director general del SRI, para que informe detalladamente, si dentro de las competencias y atribuciones de la administración tributaria, la clausura de los establecimientos comerciales en la ciudad de Machala desde el 15 de septiembre de 2022 hasta la presente fecha.
También pidió que informe si los establecimientos clausurados, se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, principalmente en lo referente a la emisión de facturas, favor detallar individualmente cada contribuyente.
Paralelamente, que informe con base en qué parámetros y seguimiento se realizan tales clausuras de los establecimientos intervenidos en la ciudad de Machala. La asambleísta Moreira solicitó que la información requerida le sea entregada en el plazo de 10 días. (I)