QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral continuó la tarde de este viernes la revisión de la situación del sistema penitenciarios del país y recibieron las versiones de la Secretaría de Derechos Humanos, de los agentes penitenciarios y de expertos en el tema.
El objetivo de esta revisión es diagnosticar y generar planes de acción y coordinación para cambiar la realidad de este sector.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, recalcó que el respeto a los derechos humanos es fundamental en este problema que requiere a intervención de todas las instituciones.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, habló de las competencias y su marco de acción y dijo que articulan la política pública en derechos humanos y que en esta materia trabajan en la capacitación permanente de a los funcionarios del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
El asambleísta Jorge Pinto planteó instalar mesas técnicas articuladas de trabajo. Mientras que la legisladora Geraldine Weber consideró que estas comparecencias deben servir para aunar esfuerzos institucionales hacia una cultura de paz, con acciones puntuales e inmediatas.
En tanto, la parlamentaria Patricia Núñez consultó sobre el trabajo en asistencia psicológica y social de los familiares de las personas privadas de la libertad que han fallecido en la cárcel y dejó entrever su preocupación en el proceso de prevención.
Por su parte el asambleísta Guido Chiriboga recordó la responsabilidad del SNAI, con sustento en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 560.
En su turno, el presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Cristian Peñaherrera, expuso los problemas que tienen dentro del sistema de rehabilitación social y el rol de los agentes penitenciarios.
Desde el año 2013, la Policía Nacional es la institución que está a cargo del control del perímetro externo. “Los directores de los centros han sido ubicados por compadrazgos”, advirtió.
Sostuvo que no cuentan con protección, con armas, ni resguardo policial cuando se trasladan de un lugar a otro.
De su lado, Alicia Borja representante de las Mujeres Agentes de Seguridad Penitenciaria cuestionó las “malas decisiones de las autoridades, privilegios a varios internos, entrega de llaves” y otros hechos. Aseguró que “la Fuerza Pública se encarga de todos los filtros”. Asimismo, dijo que son discriminadas y estigmatizadas y que son expuestas a amenazas y extorsiones. El presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, Carlos Ordóñez señaló que lamentablemente la corrupción se ha enquistado en muchas áreas. Indicó que son aproximadamente 1500 agentes de seguridad divididos en tres turnos de jornadas laborales entre 24 y 36 horas continuas para una población penitenciaria de casi 40.000 personas. (I)
