QUITO, Pichincha
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social celebró una sesión el pasado 2 de abril de 2025, para hacer seguimiento al proceso de fiscalización relacionado con el derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo de 2025 en El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El accidente ha generado graves consecuencias para el ecosistema, la población y la economía del país.
Viviana Morales, máster en Derecho Ambiental, destacó en la sesión que una compensación económica no es suficiente ante las afectaciones, que incluyen tanto los derechos humanos como los de la naturaleza.
Morales subrayó que es urgente la intervención de Petroecuador y recalcó que casos previos relacionados con derrames aún no han sido resueltos. La experta pidió que se apliquen normativas para garantizar la reparación de los afectados.
Por su parte, la asambleísta Paola Cabezas resaltó la importancia de identificar los daños ya ocurridos y de garantizar una reparación integral para las comunidades afectadas, alertando sobre la posible migración forzada si no se aseguran condiciones adecuadas para la recuperación de sus actividades.
Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Petroecuador
El subcontralor Carlos Sánchez explicó que, conforme al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Petroecuador debía presentar un plan de contingencia para remediar los daños, y que el Ministerio de Ambiente es responsable de aprobar dicho plan.
Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, enfatizó la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes afectadas y compartió que se han solicitado datos sobre la cantidad de petróleo derramado en los ríos Caple y Esmeraldas. La Defensoría también ha realizado investigaciones en el lugar del desastre, con el apoyo de los gobiernos locales.
El presidente de la comisión, Patricio Chávez, calificó como una burla la inasistencia de representantes de varios ministerios clave, como los de Energía y Minas, Ambiente, Turismo, Agricultura, Inclusión Económica y Social (MIES), y Economía y Finanzas. Además, señaló que Petroecuador no ha respondido a la convocatoria de la mesa legislativa, a pesar de la magnitud de la catástrofe.
La comisión continuará con su labor de fiscalización y exigirá la comparecencia de las autoridades responsables de este desastre ecológico y social que afecta tanto a los habitantes de Esmeraldas como a toda la nación.
¿Qué medidas concretas se tomarán para asegurar que los responsables de este desastre ambiental enfrenten las consecuencias de su inacción, y qué mecanismos se implementarán para evitar futuros derrames? (I)
