Por Elio Roberto Ortega Icaza, abogado
La Amazonía ecuatoriana, pulmón vital del planeta y refugio ancestral de comunidades indígenas, enfrenta hoy una crisis ambiental y social de magnitudes irreparables.
Los ríos y esteros de las seis provincias amazónicas: Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, se encuentran contaminados por los químicos que utiliza la minería ilegal.
Mercurio, arsénico y otros desechos tóxicos han convertido las aguas en veneno, bajo la pasividad de las autoridades y la falta de control efectivo del Ministerio de Ambiente.
Lo irónico y doloroso es que de esas aguas contaminadas dependen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales, que captan y potabilizan el líquido para que las familias amazónicas lo utilicen en la preparación de sus alimentos, el consumo diario, la crianza de sus animales y el riego de sus cultivos.
El agua, que según la Constitución del Ecuador en su artículo 12, es un derecho humano fundamental, se ha transformado en un riesgo para la vida y la salud.
Derechos de la naturaleza
La Corte Constitucional ha señalado en múltiples sentencias que los derechos de la naturaleza y el derecho al agua están indisolublemente vinculados a la dignidad humana.
Asimismo, la Carta Universal de Derechos Humanos (art. 25) reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, y el Pacto de San José, en su artículo 26, obliga a los Estados a garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la salud y el ambiente sano. Sin embargo, la realidad amazónica refleja un incumplimiento sistemático de estas obligaciones.
El abandono del sistema de salud, particularmente en la Amazonía, agrava la situación: la exposición prolongada a metales pesados ya ha generado diagnósticos de cáncer, enfermedades renales y problemas neurológicos.
La Corte Nacional de Justicia, en fallos ejecutoriados, ha advertido sobre la responsabilidad del Estado frente a la omisión en la protección de derechos colectivos.
Desde esta tribuna de pensamiento, hacemos un llamado respetuoso pero firme: que las autoridades competentes asuman con seriedad su rol histórico, que detengan la impunidad frente a la minería ilegal y que restituyan el derecho a vivir en un ambiente sano.
La Amazonía no es solo un territorio, es vida misma. Y si mueren sus ríos, muere también nuestra esperanza de futuro. ¡Y el tiempo sigue su marcha…! (I)
