QUITO, Pichincha
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea calificó a trámite el Proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, presentado como económico urgente por el presidente Daniel Noboa, el pasado 27 de mayo.
La decisión fue adoptada por unanimidad tras revisar el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que confirmó el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales para su calificación y tratamiento.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, será la encargada de analizar la iniciativa y elaborar, en un plazo máximo de 10 días, el informe correspondiente para el primer debate en el Pleno de la Asamblea.
Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la comisión abrirá un período de al menos cinco días para que la ciudadanía presente observaciones y aportes a la propuesta.
El proyecto
Tiene como objetivo implementar mecanismos de innovación en la contratación pública, con el fin de mejorar la eficiencia del sector y combatir la corrupción.
“Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) del año 2008, que tiene más de 30 tipos de procedimientos de contratación pública. Esto se ha vuelto inmanejable para los servidores públicos y con un alto riesgo de responsabilidades administrativas, civiles y penales”, explicó el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, tras la remisión del proyecto de Ley.
“Lo que lo que hace este proyecto de ley es simplificar. Quedarnos con cinco procedimientos de contratación pública en donde prime el concurso, que sea de forma abierta, en donde prime también la transparencia y que se fortalezcan los sistemas tecnológicos”, indicó, al hablar sobre el alcance de los cambios propuestos.
El funcionario recalcó que el proyecto de Ley reviste los controles de procedimientos automatizados, bajo estándares objetivos para que “el criterio del servidor público” no pueda variar en cada proceso. Esto, de acuerdo al Gobierno, prevendría prácticas de corrupción. (I)
