QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus nueve integrantes, calificó la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, propuesta por los asambleístas Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Taiano.
El proceso es por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis energética que afronta el país y que obligó a aplicar racionamientos de energía a nivel nacional.
Le corresponde a la secretaría de la Comisión notificar a la exfuncionaria para que, en el plazo de 15 días, presente la contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Asimismo, los asambleístas proponentes del juicio político, en el mismo plazo, deberán presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La norma prevé que con la contestación de la funcionaria enjuiciada o sin ella, se establecerá un plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costa del solicitante y que, además, la Comisión de Fiscalización, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
Según los proponentes del juicio, el incumplimiento de funciones se configura con la aplicación de los apagones o racionamientos de energía, pese a que hubo alertas sobre la crítica situación del abastecimiento de energía y que la exministra Andrea Arrobo no hizo nada para mitigar o superar la problemática del sector eléctrico. (I)
