QUITO, Pichincha
Un joven de 19 años fue detenido como sospechoso de provocar el incendio forestal en la zona de Guápulo, un día después de que las llamas amenazaran a zonas residenciales del centro-norte de Quito, informó el Municipio este miércoles, 25 de septiembre de 2024.
«Al momento, la Policía Nacional lo tiene aprehendido en flagrancia y está en camino a la Fiscalía», informó el Municipio en un comunicado.
La captura
La detención de esta persona ocurrió, aproximadamente a las 12:30, cuando los bomberos adelantaban labores para controlar y liquidar este incendio forestal, que consumió alrededor de 110 hectáreas de vegetación y seis viviendas en los sectores de Bellavista y el barrio Bolaños.
Aunque el Municipio inicialmente no precisó la ubicación en donde ocurrió esta detención, apuntó que «el presunto responsable es un joven de 19 años, que fue encontrado con un galón de combustible».
Carolina Pantoja, subprocuradora del Municipio de Quito, señaló que presentó la denuncia en Flagrancia contra «un vecino que vive en Guápulo y que estaba haciendo una quema de basura», según un comunicado oficial.
Labores investigativas
A su vez, la Policía aseguró que este fue el resultado de «labores investigativas y operativas ejecutadas» en Quito. Y apuntó que, entre los indicios, hallaron «un dispositivo móvil y combustible».
Para este jueves, 26 de septiembre, a las 12:30, se prevé la audiencia de calificación de flagrancia en la que el juez determinará la detención preventiva del sospechoso, durante los 20 días de investigación o si se defiende en libertad.
La Fiscalía aseguró que avanza en las primeras diligencias, previas a la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica. Las autoridades del Gobierno y Municipio catalogan a lo ocurrido en Guápulo como un acto terrorista, ya que puso en vilo a zonas residenciales.
Posible condena
Si es hallado culpable, el presunto pirómano podría recibir una condena de uno a tres años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). O de 19 a 22 años de cárcel, si se le imputan cargos por terrorismo.
Además, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), arrancará un proceso administrativo sancionador que supone una multa económica que va desde un Salario Básico Unificado (SBU) hasta 75, es decir USD 34.500. (I)
