SANTA ELENA, Santa Elena
El Gobierno presentó el 10 de noviembre de 2025 la nueva Cárcel del Encuentro, el centro de máxima seguridad construido en Santa Elena, al que llegaron los primeros 300 presos catalogados como peligrosos, incluido el exvicepresidente Jorge Glas. La administración del presidente Daniel Noboa calificó la obra como un “antes y después” para el sistema penitenciario.
Durante la cadena nacional, el Ejecutivo difundió animaciones del proyecto, no imágenes de la cárcel finalizada. Ese material correspondía al diseño anunciado el 11 de enero de 2024, días después de que Noboa declarara el conflicto armado interno para enfrentar a las organizaciones criminales. También incluyó partes del discurso pronunciado en la colocación de la primera piedra, cuando el mandatario afirmó que la prisión garantizaría aislamiento total y no se convertiría en centro de operaciones del crimen.
Aunque no hubo acto inaugural, Noboa publicó varios mensajes en redes sociales para destacar que la cárcel ya opera. El Gobierno mantuvo la obra bajo reserva durante la construcción, a pesar de que la Ley Electoral impide promocionar proyectos estatales en período de campaña.
Características y avance del proyecto
La Cárcel del Encuentro arrancó su construcción en junio de 2024 con un presupuesto de USD 52 millones. Tendrá capacidad para 800 reclusos y forma parte de la respuesta estatal a la crisis carcelaria que ha dejado más de 500 reclusos asesinados desde 2021, la mayoría en disputas entre bandas. El episodio más reciente ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en la cárcel de Machala, donde murieron 32 internos.
El complejo se levanta en la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena, una zona de difícil acceso. Comunidades ancestrales han protestado por la instalación de la prisión en su territorio. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el centro incorpora tecnología que impedirá el ingreso de objetos prohibidos y cuenta con servicios médicos internos para evitar traslados hacia hospitales.
El Gobierno prevé que militares y policías en servicio pasivo asuman la seguridad del centro, con el fin de retirar esa tarea al personal del SNAI. Sin embargo, la medida depende de una reforma legal que continúa en debate en la Asamblea y aún no define qué fuerza custodiará la cárcel. (I)
