QUITO, Pichincha
Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue condenado el pasado 20 de noviembre de 2024 en Quito a 10 años de prisión por liderar una red de delincuencia organizada.
El Tribunal Anticorrupción, tras una audiencia virtual que se extendió por más de dos horas, dictaminó que el empresario de 83 años debe cumplir su condena en un centro penitenciario. El tiempo que pasó bajo arresto domiciliario se descontará de la sentencia.
Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), también recibió una condena de nueve años y cuatro meses de prisión. Además, ambos deberán pagar USD 682.188 como reparación integral al Estado. Para garantizar el cobro, el Tribunal ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas bancarias.
Evidencias contundentes
El Tribunal determinó que Carrera lideraba una estructura criminal junto a Rubén Cherres, asesinado en 2023. Las pruebas incluyeron transcripciones de conversaciones, seguimientos y testimonios que señalaron a Carrera como figura de mando, mientras Icaza actuaba como colaborador clave.
Según la Fiscalía, la red utilizó los cargos de confianza de Hernán Luque y Antonio Icaza en empresas públicas para manipular contratos millonarios, beneficiando a cuatro empresarios más: Hernán Luque, Leonardo Cortázar, Nain Massuh, Karen Cornejo y Ericka Farías. Todos ellos permanecen prófugos y no han enfrentado juicio debido a su ausencia.
El origen del caso
La investigación comenzó en enero de 2023 con la filtración de audios que expusieron la supuesta red de corrupción en el sector eléctrico. Tras allanamientos y meses de recopilación de evidencias, la Fiscalía presentó cargos contra siete personas.
En octubre de ese año, las acusaciones formales se ampliaron al incluir elementos del caso “León de Troya”, que también señalaba corrupción en BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.
La condena de Danilo Carrera e Icaza representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Ecuador. Sin embargo, la impunidad persiste para los prófugos. ¿Logrará el sistema judicial ecuatoriano asegurar que los otros implicados enfrenten la justicia? ¿Qué acciones tomará el Estado para evitar que redes de corrupción similares resurjan en sus instituciones públicas? (I)
