QUITO, Pichincha
El denominado caso Encuentro expone una presunta trama de corrupción que operó durante el gobierno de Guillermo Lasso y que, según las investigaciones, incidió en el deterioro del sector energético y en la posterior crisis eléctrica que enfrentó el país.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador indaga desde 2023 una estructura de delincuencia organizada —inicialmente llamada León de Troya— que habría articulado a funcionarios públicos y actores privados para direccionar contratos y cargos en empresas estratégicas del Estado, como CNEL, Celec y Petroecuador.
En este contexto, el exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque Lecaro, figura clave del círculo cercano de Lasso, será extraditado desde Argentina en los próximos días. El proceso se encuentra en su fase final y depende de trámites diplomáticos gestionados por la Cancillería ecuatoriana.
La investigación también involucró a Danilo Carrera, quien recibió una condena de 10 años de prisión por delincuencia organizada, tras comprobarse su participación en la adjudicación irregular de contratos en empresas públicas. El tribunal también sentenció a Antonio Icaza con más de nueve años de cárcel y dispuso reparaciones económicas al Estado.
Las pesquisas apuntan a que esta red habría influido en decisiones dentro del sector eléctrico, debilitando la gestión institucional en un área estratégica. Este escenario coincidió con los apagones registrados en 2023, cuando el país enfrentó cortes de energía de hasta 18 horas debido al estiaje y fallas estructurales del sistema.
Nexos con redes internacionales
Otro nombre clave en la trama es Rubén Cherres, quien mantenía presuntos nexos con redes internacionales de lavado de activos. Cherres fue asesinado en marzo de 2023 en Santa Elena, en un hecho que profundizó las sospechas sobre el alcance de la organización.
El caso también se entrelaza con la crisis política que enfrentó el gobierno de Lasso, marcada por denuncias de corrupción y el juicio político en su contra. En medio de ese escenario, el entonces mandatario decretó la “muerte cruzada” en mayo de 2023, lo que derivó en elecciones anticipadas y el posterior ascenso al poder de Daniel Noboa.
Actualmente, el avance del proceso judicial y la extradición de Luque Lecaro se perfilan como elementos clave para esclarecer el alcance de esta presunta red y sus efectos en uno de los sectores más sensibles para la economía y la estabilidad del país. (I)
