QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado, luego de presentar su dictamen acusatorio, solicitó a la jueza María Elena Lara que los quince procesados en esta causa sean llamados a juicio por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, por un aparente sobreprecio en la contratación de insumos médicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el contexto de la emergencia sanitaria decretada en el país.
En la diligencia, el Fiscal del caso presentó gran cantidad de elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, que fue llevada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.
La investigación inició luego de conocer una serie de denuncias por la irregular adquisición de insumos médicos con un aparente sobreprecio por parte del IESS, como mascarillas N95 a 12 dólares, cuando en el mercado oscilaban entre 4 y 5 dólares, entre otros ítems, y cuyo monto asciende a 9’417.704,52 dólares.
Durante la diligencia, se informó que –a criterio de Fiscalía– los elementos obtenidos determinan que el exdirector del IESS, Miguel Ángel L, suscribió una orden de compra que excedía sus atribuciones, pues solamente podía hacer contrataciones hasta por 7 millones de dólares y que no se habría informado al Consejo Directivo del Seguro Social sobre la compra.
La participación de los demás procesados se determina con elementos como un informe de triangulación de llamadas telefónicas en el que se evidenció una conexión entre los procesados para beneficiar a la empresa a la que se adjudicó el contrato.
Este fue el primero de los casos investigados por la Fiscalía General del Estado en torno a los actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19, razón por la cual, posteriormente, se creó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria y cuyos primeros allanamientos se ejecutaron en Quito y Cuenca, en marzo de 2020.
La audiencia continúa con la intervención de las defensas de los procesados. (I)
