QUITO, Pichincha
En audiencia de procedimiento abreviado, Christian S. C. (exsecretario judicial a la fecha de los hechos) aceptó su participación en el delito de delincuencia organizada, por lo que fue sentenciado a cuarenta meses de pena privativa de libertad, en el grado de autor directo.
Al finalizar la audiencia, el Magistrado de la Corte Nacional de Justicia que conoce la causa dispuso –como parte de la condena– el pago de una multa de doce salarios básicos unificados (5.520 dólares) y de una reparación integral al Estado de 11.040 dólares.
También ordenó el comiso de los bienes incautados al hoy sentenciado y la obligación de publicar la sentencia en un medio de comunicación y ofrecer disculpas públicas.
Elementos de convicción
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó –vía telemática– veintitrés elementos de convicción contra el imputado, que dan cuenta de su autoría directa en el delito investigado, mientras se desempeñaba como secretario judicial del Juez Penal de Guayas, Ronald G. (magistrado que sustanció el proceso por lavado de activos en contra de Leandro Norero y sus familiares).
Según la investigación de Fiscalía, Christian Gabriel S. C. informaba a la estructura criminal dirigida por Leandro Norero, todo lo que sucedía respecto a esa causa, incluidas vinculaciones, peticiones de Fiscalía y fechas de las audiencias. Esto, de manera anticipada a la notificación formal a todos los sujetos procesales.
Su rol giraba en torno a viabilizar las decisiones de su jerárquico superior (el juez Ronald G., también procesado en este caso), que ya se encontraban condicionadas bajo la recepción o promesa de pagos económicos.
Coordinación y preparación
A su cargo también estaba la coordinación y preparación de arraigos, conjuntamente con el abogado Xavier N. (procesado), de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos.
Todo lo señalado por la Fiscal General del Estado fue aceptado por Christian Gabriel S. C., confirmando –de esta manera– la teoría de la Institución, respecto a la verdad de los hechos.
Este exservidor judicial fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El procesado se acogió al procedimiento abreviado, tipificado en los artículos 635 y 636 del mismo cuerpo legal. (I)