QUITO, Pichincha
Un testigo protegido de la Fiscalía en el caso Plaga reveló cómo era el proceso para que los reos obtuvieran beneficios penitenciarios a cambio de millonarias sumas de dinero. Describió que se falsificaron certificados médicos, crearon códigos QR, entre otras alimañas, para librar a femicidas y miembros de grupos delictivos.
Ayer lunes 2 de septiembre del 2024, se instaló la audiencia de recepción del testimonio anticipado de Omar Israel J. B., un abogado y exfuncionario del SNAI, quien es acusado por presunta delincuencia organizada.
El sujetó recordó que trabajó en el área jurídica de la cárcel de Turi. Ahí revisaba los datos de las carpetas de cada privado de la libertad y enviaba al juez. Bajo esa asignatura, el testigo detectó inconsistencias que beneficiaban a miembros de grupos de delincuencia organizada.
La Fiscalía detalla que, por alertar sobre estas situaciones, Omar Israel “se enfrentó de forma verbal con el director de ese centro, pero después de un tiempo de estar ahí entendería que eran negocios entre funcionarios de la cárcel y el juez”.
Los costos
Luego, el testigo reveló que las medidas cautelares y otros recursos jurídicos irregulares costaban entre 30.000 y 40.000 dólares. Estos valores se distribuían en dos partes: un porcentaje para el juez y el otro para Lenin Vimos, un abogado que ha sido señalado por el Ministerio Público como uno de las cabecillas de esta trama criminal.
De hecho, aseguró que muchos reos salieron de la cárcel de Turi entre octubre y diciembre de 2022 (y también en 2023) bajo medidas cautelares ilícitas. Entre los beneficiarios estaban “brazos armados de GDO muy conocidos y fuertes”, pero también femicidas y violadores.
Omar Israel dejó de trabajar en el SNAI en diciembre del 2022 porque no le renovaron el contrato, pero luego pasó a asociarse con Xavier A., otro abogado que efectuó actividades irregulares en complicidad de jueces. Juntos se reunieron con el entonces magistrado de Portoviejo, Banny Molina, quien en esa época ya era procesado por la liberación de Jorge Glas.
Molina les ofreció medidas cautelares por 25.000 dólares y habría asegurado que la jueza Gina Z. de Montecristi las emitiría.
Certificados y códigos QR falsos
El testigo protegido relató que a veces las boletas que expedían los jueces venían sin código QR y pasaban filtros hasta llegar a la Policía Judicial donde verificaban que esté completa.
Pero en otras ocasiones, el juez enviaba la boleta directamente a los correos electrónicos institucionales. “Cuando las boletas no llegaban con código QR se hacía edición. Xavier A. utilizaba páginas en internet (unas pagadas y otras gratuitas) para armar una carátula que decía ‘Función Judicial’ y crear el QR que direccionaba a una providencia”.
Añadió que “la mayoría de las personas privadas de la libertad salían por enfermedades crónicas, la más común: VIH. Para ello, tomaban un certificado médico cualquiera y se lo editaba con un programa de diseño gráfico, se cambiaban los nombres y se ponía los datos de la PPL”.
Presión a guías penitenciarios
Además, presionaban a agentes policiales de la cárcel de Turi para que pasen los filtros de las boletas de libertad sin problemas. “Les decían que se meterían en dificultades si se demoraban”, apuntó el testigo protegido, según publicó la Fiscalía.
Finalmente, Omar Israel aclaró que los hechos de los que formó parte, los realizó desde enero de 2023, cuando ya no formaba parte del SNAI. “Yo acepto la culpa en la proporción que me corresponde y de antemano ofrezco disculpas a terceras personas que hayan sido afectadas”, enfatizó al concluir su testimonio. (I)
