QUITO, Pichincha
Pablo M., exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva, por el presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para nueve de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada, medidas alternativas para dos más, y para uno de ellos, arresto domiciliario por ser de la tercera edad.
La audiencia de formulación de cargos en contra de los 12 detenidos se inició la madrugada de este 4 de marzo de 2024, por el delito de delincuencia organizada, se retomó lza tarde y noche de ayer martes en la Corte Nacional de Justicia.
Jueces a prisión preventiva
El juez nacional leyó su resolución de forma individualiza. Tras dictar prisión contra el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, dictó igual medida cautelar contra los jueces y exjueces Johan Marfetán Medina, Henry Taylor Terán, Nelson Mesías Ponce Murillo. Irán a la cárcel 4 de Quito.
La Fiscalía solicitó esa medida cautelar como una forma, no solo para asegurar que asistan a las diligencias, sino para impedir que continúen actuando en los tribunales.
En el caso de Ponce Murillo, el juzgador también desestimó certificados médicos presentados por su defensa sobre depresión y otros achaques.
En el caso de Mónica Alvarado Vargas, otra de las detenidas y esposa del exasambleísta Pablo Muentes, el juez dispuso prohibición de salida del país y obligación de presentarse en la Fiscalía de Guayas, todos los días lunes, en vez de prisión preventiva.
La defensa de Fausto Alfonso Alarcón Gómez alegó, por su lado, que dictar prisión preventiva en su contra sería «condenarlo a muerte» por enfermedades, lo que fue desestimado por el juez porque no se trata de catastróficas y le dictó esta medida cautelar. Se trata de un primo del exasambleísta Muentes.
Para la Fiscalía, es un testaferro de los bienes de la organización criminal y podría ocultar los bienes si no era enviado a la cárcel.
Comprar decisiones judiciales
El juez nacional, igualmente, envió a prisión preventiva a Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La Fiscalía adujo que esta mujer tiene la capacidad de «comprar decisiones judiciales», y la acusó de autora en esta trama criminal.
También dictó prisión preventiva para el juez Alberto Lino Tumbaco, a quien investiga por haber beneficiado al exasambleísta Muentes en una millonaria demanda contra Banco del Pacífico, a cambio de un puesto de trabajo para su hijo en la Función Judicial. Desestimó el argumento del abogado defensor de que sufre diabetes.
Contra otro de los detenidos, Saúl Mera Zambrano, funcionario de la Judicatura del Guayas, el juez no acogió el pedido de la Fiscalía, sino que, en su lugar, dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país. Por último, dictó arresto domiciliario contra el juez Reinaldo Cevallos Cercado por ser de la tercera edad. La instrucción fiscal durará 90 días. (I)
