QUITO, Pichincha
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, compareció ayer martes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, e informó sobre las acciones disciplinarias y administrativas urgentes que la institución ha adoptado en el denominado “Caso Purga”.
Citó la decisión del Pleno de dar por terminadas las funciones de Yanina Villagómez, como fiscal provincial de Guayas y Galápagos, luego del pedido realizado por la Fiscalía General del Estado, en el marco de las investigaciones de este caso
Explicó que, para evitar afectaciones a los usuarios del sistema de justicia, se encargaron los despachos de los jueces involucrados en este caso y se expidió el procedimiento para la designación de jueces temporales para la Corte Provincial del Guayas.
Dio a conocer que las autoridades del CJ dispusieron que se realice un control de los expedientes físicos de cada servidor investigado. También oficiaron al Director Provincial Disciplinario de Guayas para que se inicien las investigaciones pertinentes.
Román informó que la institución consolida toda la información pertinente, con miras a iniciar sumarios administrativos a los servidores judiciales involucrados en el “Caso Purga”.
Y anunció que se desarrollará un plan de intervención focalizada en provincias como Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí y Guayas, para identificar nudos críticos.
Sobre el origen de los servidores judiciales que hoy son investigados, Román recordó que provinieron del banco de elegibles del concurso de jueces del 2018; sin embargo, advirtió que las instituciones no pueden garantizar la calidad ética de las personas.
Dijo que cada individuo debe responder por su accionar y por su ética, finalizó el presidente del Consejo de la Judicatura. (I)
