QUITO, Pichincha
La Corte Nacional de Justicia dictó este 3 de marzo del 2025 una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
La sentencia, emitida tras una audiencia que duró seis horas y media, acogió el pedido de la Fiscalía, que argumentó que los procesados actuaron “con la voluntad de poner en peligro la seguridad pública” y que su accionar fue “doloso”.
El tribunal, integrado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho (jueza ponente), determinó que Muentes, Gallardo y Marfetán fueron “autores directos” de los delitos imputados, al haber ejercido el mando, dirección y planificación de la organización criminal.
Mientras que, a Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Guillermo V. y Juan R. les dictó una pena de nueve años y cuatro meses de cárcel, en calidad de colaboradores del delito. El Tribunal tomó en cuenta la circunstancia agravante de haber sido funcionarios públicos.
En cuanto a los procesados Alberto L. y Ruth S., quienes se acogieron a la cooperación eficaz, deberán cumplir una pena de un año y cuatro meses de prisión.
Asimismo, los Magistrados ratificaron el estado de inocencia a Fausto A., Andrea P. y Saúl M.
Además, ordenaron el pago de una multa de cuarenta salarios básicos unificados (18.800 dólares), para los líderes y veinte salarios básicos unificados (9.400 dólares) para los demás.
Como reparación integral, se dispuso la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura a escala nacional y la colocación de una placa a costa de los procesados.
Además, los jueces ordenaron la pérdida de derechos de participación por 20 años para los líderes y por 15 años para los sentenciados como colaboradores.
𝐄𝐥 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨
En los trece días de audiencia de juicio, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, a través de las pruebas presentadas, demostró que los imputados son responsables del delito de delincuencia organizada, al haber actuado dentro de una estructura criminal.
El objetivo de esta estructura, según la Fiscalía, era buscar beneficio para los procesos judiciales del entonces asambleísta Pablo M., ya que Fiscalía probó que el exlegislador ejerció el control de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, a través de los otros líderes como Fabiola G., expresidenta de esa entidad, y el juez provincial Johan Gustavo M.
Otros jueces sancionados
Además, demostró que Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Ramos L., Ruth S., Guillermo V. y Juan R. colaboraron con las actividades delictivas de la organización destinada a cometer delitos como prevaricato, cohecho y peculado, para –a partir de ello– otorgar beneficios a los líderes del grupo.
El fiscal Wilson Toainga mencionó que “solo erradicando estas prácticas de las Cortes y Tribunales del Ecuador, podremos alejar los intereses particulares y políticos de las decisiones judiciales y administrativas, consolidando un poder judicial sólido, ético, independiente y honesto”.
La investigación de Fiscalía se centró en varios eventos en los que demostró la participación de los procesados:
- “Evento Banco del Pacífico”: Pablo Bolívar M. A. y su cónyuge adquirieron préstamos del Banco del Pacífico que nunca pagaron.
En 2020, ambos presentaron una acción de habeas data en contra de esa institución financiera, presentando notas de crédito falsas para justificar el pago de sus deudas.
Red de corrupción
La red de corrupción –manipulando los procesos judiciales en la Corte de Guayas– consiguió para ellos la indemnización casi 4 millones de dólares.
Además, la Fiscalía probó que el exjuez Reinaldo C., quien dictó un acto de ejecución a favor de Pablo M. y su esposa, mediante el cual dispuso que se les repare económicamente, cinco días después fue nombrado Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas por Fabiola G.
- “Evento Cuerpo de Ingenieros del Ejército”: la organización criminal intervino en una demanda contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, buscando evitar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) sea declarado contratista incumplido.
Los jueces Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. revocaron la sentencia original, favoreciendo al CEE a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. (I)
