LA LIBERTAD, Santa Elena
La audiencia de juzgamiento del denominado Caso Triple A arrancó con contratiempos el domingo 22 de marzo de 2026, tras una controvertida decisión del tribunal que obligó a los abogados defensores a trasladarse hasta la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, para asistir a sus clientes desde el centro penitenciario.
La medida generó retrasos inmediatos. Problemas de conectividad en la prisión impidieron que procesados y defensas se enlacen de forma adecuada, lo que forzó la postergación de la diligencia prevista para las 08:30 hasta horas de la tarde. Las fallas incluyeron interrupciones constantes, eco en el audio y limitaciones técnicas que dificultaron la comunicación efectiva.
El tribunal atribuyó la situación a una “falta administrativa” del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), pese a que había ordenado previamente garantizar condiciones logísticas y tecnológicas para el desarrollo de la audiencia. A esto se sumaron restricciones al ingreso de herramientas clave para la defensa, como dispositivos electrónicos con expedientes digitalizados.
Entre los procesados figura Aquiles Álvarez, quien, junto a otro implicado, fue trasladado posteriormente hasta la Unidad Judicial Penal de La Libertad para asegurar contacto directo con su equipo jurídico y acceso a una conexión estable. El arribo se produjo cerca de las 15:00 bajo un fuerte resguardo policial y militar.
Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado inició la exposición de sus elementos probatorios, con los que busca demostrar la presunta participación de 16 personas naturales y seis jurídicas en una red dedicada al almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, actividad que habría implicado el desvío de combustible subsidiado.
En los exteriores del complejo judicial se registró un amplio despliegue de seguridad. Vallas metálicas y cintas de restricción delimitaron el perímetro, mientras agentes policiales controlaron el acceso de funcionarios, abogados y observadores. Simpatizantes de los procesados también se concentraron en el lugar a la espera de la reinstalación de la diligencia.
La defensa de Álvarez insistió en que las condiciones iniciales vulneraron el derecho al debido proceso, al limitar la comunicación y el acceso a información esencial para el juicio. El tribunal, por su parte, sostuvo que las decisiones adoptadas buscan garantizar un desarrollo sin interrupciones y con las garantías mínimas para todas las partes.
Sin embargo, tras la intervención del primer testigo de la Fiscalía, la audiencia volvió a suspenderse. El tribunal fijó el próximo 30 de marzo de 2026 como fecha para la reinstalación del juicio, en el que se definirá la responsabilidad de los implicados en este caso de alto perfil político y económico. (I)
