QUITO, Pichincha
La Corte Constitucional del Ecuador, mediante la sentencia 18-11-IN/25, resolvió declarar inconstitucional la pena de prisión de tres días establecida en el artículo 386.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La decisión se fundamentó en que la sanción resultaba desproporcionada para la infracción del exceso de los límites de velocidad fuera del rango moderado.
El caso comenzó con una acción de inconstitucionalidad presentada el 5 de agosto de 2024.
Los accionantes argumentaron que la medida vulneraba el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 76.6 de la Constitución. Consideraron que existían sanciones menos restrictivas, como multas, reducción de puntos en la licencia de conducir, trabajo comunitario o capacitaciones.
También señalaron que la norma no permitía al juzgador adaptar la sanción a las circunstancias específicas del caso, como el tipo de vía o transporte involucrado.
https://drive.google.com/file/d/1xt-_oErrya7w4qsj8RE87wLqhbBLWgCJ/view
Decisión de la Corte Constitucional de Ecuador
La Corte determinó que, aunque la sanción buscaba proteger objetivos constitucionalmente válidos, no cumplía con el criterio de necesidad.
En su análisis, concluyó que era posible lograr los mismos fines a través de medidas menos graves y respetar así los derechos fundamentales de las personas.
La sentencia, emitida el 9 de enero de 2025, reitera la importancia de que las sanciones legales sean proporcionadas, necesarias e idóneas, ajustándose a los principios constitucionales.
Con esta decisión, la Corte Constitucional modificó la manera en que se sanciona esta contravención de tránsito. Lo que abrió la posibilidad de aplicar sanciones alternativas más equilibradas.
Paola Carvajal, experta en movilidad, comentó en su cuenta de X que “esto necesita mayor debate…. Cuando se comprenda que esos 10km de velocidad adicionales implican una fuerza que el cuerpo humano no puede soportar, y termina en lesiones graves o muertes… tendremos una mejor sociedad”. (I)
