GUAYAQUIL, Guayas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, tras determinar la existencia de una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos fundamentales.
La decisión, adoptada el 30 de diciembre de 2025, responde a denuncias que advierten un riesgo de daño irreparable para la vida, la integridad personal y la salud de los internos. Según la CIDH, los reclusos enfrentan condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre los principales problemas identificados constan el hacinamiento, deficiencias estructurales, acceso insuficiente a atención médica, propagación de enfermedades infectocontagiosas —especialmente tuberculosis—, desnutrición y limitaciones para acceder a agua potable y alimentación adecuada. La Comisión también registró un número significativo de fallecimientos dentro del centro, presuntamente vinculados a estas condiciones.
Los señalamientos constan en inspecciones judiciales, informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, comunicaciones del Ministerio de Salud Pública y resoluciones judiciales internas, que coinciden en advertir la persistencia de riesgos para la población penitenciaria.
CIDH
El Estado ecuatoriano informó a la CIDH que implementó medidas como coordinación interinstitucional, programas de control y tratamiento de tuberculosis, habilitación de áreas médicas, traslados de internos con enfermedades infectocontagiosas y políticas públicas de salud penitenciaria. Además, señaló la existencia de mecanismos judiciales internos, como acciones de habeas corpus y medidas cautelares autónomas.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la CIDH concluyó que el incremento sostenido de muertes y la falta de información estatal detallada sobre sus causas evidencian la necesidad de reforzar de forma inmediata las acciones estatales.
Por ello, solicitó a Ecuador garantizar atención médica adecuada y especializada, asegurar el acceso a alimentos de calidad y agua potable, reducir sustancialmente el hacinamiento, permitir el acceso periódico de familiares y abogados, e instalar una mesa interinstitucional para concertar las medidas con los beneficiarios.
La Comisión también pidió al Estado informar sobre las investigaciones de las muertes registradas y responder a la solicitud para realizar una visita in situ al centro penitenciario. Precisó que el otorgamiento de las medidas cautelares no constituye prejuzgamiento sobre eventuales responsabilidades internacionales. (I)
