QUITO, Pichincha
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó hoy, 18 de abril de 2023, al Estado con una sentencia, que fue emitida el 30 de enero 2023, que le obliga a reparar integralmente los derechos de Carlos Aguinaga Aillón, exvocal del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“El Estado es responsable por la violación de los derechos al debido proceso, la independencia judicial, los derechos políticos, el derecho al trabajo y la protección judicial en perjuicio de Aguinaga”, dice un extracto del dictamen.
En su fallo, la Corte pide al Estado cumplir las medidas de reparación integral que implica la publicación del contenido de la sentencia en la página web de la Corte Constitucional, de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, y en los diarios de mayor circulación nacional para conocimiento de la comunidad nacional e internacional. También le ordena entregarle una indemnización.
La reparación económica será en base a un cálculo que realice la CIDH, dijo Carlos Aguinaga, al reaccionar a la decisión del organismo internacional.
El 25 de noviembre de 2004, Aguinaga fue destituido inconstitucional e ilegalmente por el Congreso Nacional de ese entonces en medio de un juicio político, “sin que se haya garantizado el debido proceso y sin darle oportunidad al ejercicio a la defensa”.
Es costumbre tumbar autoridades
“Esto ya es una costumbre de la clase política ecuatoriana que cree que con decisiones políticas se pueden cortar mandatos o se pueden tumbar autoridades con mayorías o minorías irrespetando la institucionalidad democrática”. Así reaccionó Aguinaga a la decisión de la CIDH.
En esa época, recordó, también le impidieron formular acciones de amparo para ejercer el derecho a la defensa ante la resolución del Parlamento.
De ahí que, en legítimo uso de sus derechos constitucionales y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, demandar al Estado para que repare material e inmaterialmente por las violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos políticos, y a su derecho al trabajo.
Aguinaga añadió que la decisión de la CIDH crea un precedente para que el Estado ecuatoriano, sus instituciones y la clase política, puedan conocer que en los actos que adoptan no se lesionen los derechos de las personas.
Acuerdo político de Lucio
Recordó que, durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez (PSP) fue destituido como vocal electo para el periodo 2003 al 2027 “por un acuerdo político sin justa razón para tomarse el TSE”.
Según Aguinaga, en esa época se generó un pacto político en el Congreso Nacional conformado por los entonces partidos PRE, y el PRIAN.
Desde que fue destituido Aguinaga no ha podido ejercer una función pública. Demandó además que no existen garantías en una democracia que cada vez ha ido deteriorando sus condiciones y no hay un mínimo de estabilidad cuando los políticos tienen otro tipo de intereses, subrayó. (I)
