QUITO, Pichincha
La Corte Constitucional emitió la sentencia 1788-24-EP/25 el pasado 17 de febrero de 2025, determinando que 1.800 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) deberán devolver alrededor de USD 105 millones en beneficios salariales obtenidos tras su traspaso al Código de Trabajo en 2021.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que este fallo sienta un precedente para impedir que empleados públicos accedan a contratos colectivos diseñados exclusivamente para obreros. Además, responsabilizó al dirigente sindical Richard Gómez de haber impulsado esta medida bajo un argumento engañoso.
«Los trabajadores fueron manipulados por el señor Gómez, quien les hizo creer que el traspaso al Código de Trabajo era posible por una supuesta discriminación. Ahora, tras el fallo, deberán devolver una suma millonaria», afirmó Núñez.
El origen del conflicto
En noviembre de 2021, un juez de Pueblo Viejo (Los Ríos) aceptó una acción de protección presentada por 1.579 servidores públicos liderados por Gómez. La sentencia ordenó su incorporación al Código de Trabajo y la aplicación del contrato colectivo de CNEL.
Este fallo se ratificó en segunda instancia en diciembre de 2021 y, en febrero de 2023, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil ordenó a CNEL pagar USD 79,8 millones en beneficios salariales. Para entonces, la empresa ya había desembolsado USD 25 millones, elevando el total a USD 105 millones.
La Corte Constitucional finalmente anuló estas decisiones y exigió a CNEL recuperar los montos entregados. Los empleados afectados verán descuentos mensuales en sus salarios durante tres años, mientras que la empresa deberá presentar informes trimestrales sobre la recuperación de estos fondos.
Beneficios que generaron el problema
El contrato colectivo de CNEL incluye compensaciones significativas para empleados sindicalizados:
- Subsidio por antigüedad: 5% del salario básico más el 3% del sueldo mensual por cada mes trabajado.
- Subsidio familiar: 3% del salario básico por cada carga familiar, o 6% si la carga presenta discapacidad.
- Bono por comisariato: En 2024, este beneficio representó un gasto de USD 3,7 millones anuales.
El caso de CNEL ha puesto bajo la lupa los contratos colectivos en el sector público. Empresas estatales como CNT enfrentan procesos similares que podrían ser revertidos si no cuentan con el aval del Ministerio de Finanzas.
La controversia ha abierto un debate clave: ¿se tomarán nuevas medidas para evitar que más servidores públicos intenten acceder a beneficios exclusivos para obreros? (I)
