QUITO, Pichincha
La Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) y Pachakutik (PK) se adhirieron al Partido Social Cristiano (PSC) y a Construye para dejar solo al bloque de la Revolución Ciudadana en su intento de incluir polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La intención del correísmo era lograr que se revisen sentencias condenatorias ejecutoriadas, obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a entregar información reservada y archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito.
La negativa de los cuatro partidos ocurre casi una semana después de que el Pleno de la Asamblea Nacional no logró pronunciarse por las reformas, ni aprobarlas en segundo debate, y que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), se viera obligado a suspender la sesión.
La reinstalación de la sesión para abordar el tema ya tiene fecha. Kronfle convocó pasadas las 20:00 de este lunes 19 de febrero a la continuación de la plenaria para las 11:00 del jueves 22 de febrero.
No a la impunidad
El bloque de ADN y Pachakutik, que desde el 15 de febrero mantenían cautela frente a la intentona correísta, descartaron cualquier posibilidad de abrir la puerta a una revisión de sentencias condenatorias.
“Hay reformas que no apoyamos, porque nuestra agenda nunca ha sido la impunidad”, afirmó Inés Alarcón (ADN).
Mariana Yumbay (PK) subrayó que estos temas afectarán a la Justicia y van en contra de la Constitución. “La Justicia necesita total independencia, no apoyaremos la impunidad, ni la metida de mano en la Justicia, ni apoyaremos la desnaturalización del recurso de revisión; las denuncias que están en la Fiscalía deben tener su final, no pueden ser archivadas”.
Más tiempo
Gissella Garzón (Revolución Ciudadana) no descartó que el informe regrese a la Comisión de Justicia y proceder a una nueva redacción. “La otra posibilidad (es que el trámite) tome más tiempo”, sostuvo al señalar que espera que esto no se trabe el resto de reformas que se incluyen en el Código Penal. Entre ellos, ajustes para el incremento de las penas sobre delitos contra la vida y aquellos que afectan la eficiencia del Estado.
En el proyecto también se plantea que la pena máxima por sicariato se eleve de 26 a 30 años; para el delito de terrorismo de 13 a 18 años, y que la delincuencia organizada sea castigada con hasta 13 años, en comparación con los 10 años actuales.
Los legisladores también resolverán sobre la posible eliminación de beneficios penitenciarios para quienes cometan crímenes graves, como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad (secuestro), extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala. (I)
