QUITO, Pichincha
Las organizaciones feministas acudieron el lunes a la Corte Constitucional en Quito para exigir la despenalización total del aborto en Ecuador. El pedido, liderado por la Coalición Nacional de Mujeres y respaldado por varios grupos aliados, busca que el máximo órgano constitucional declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con prisión a mujeres que aborten voluntariamente y a quienes las ayuden con su consentimiento.
Actualmente, el aborto solo es legal en el país si la vida o salud de la mujer está en riesgo, o si el embarazo resulta de una violación. En este último caso, la ley permite el procedimiento solo hasta la semana 12 de gestación.
Cuestionamientos al alcance limitado del aborto legal
Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, criticó las limitaciones actuales: “Nuestra libertad reproductiva no es completa. La legalización parcial no es suficiente. Le pedimos a la Corte que resuelva de forma urgente y despenalice el aborto de manera integral”.
Además del artículo 149, las organizaciones solicitaron la eliminación definitiva de varios artículos de la ley que regula el aborto por violación, suspendidos temporalmente por medidas cautelares. Estos fragmentos normativos, incluidos en un veto del expresidente Guillermo Lasso, obligan a niñas y adolescentes a obtener la autorización de sus representantes legales para acceder al procedimiento.
“Normas regresivas e inconstitucionales”
La abogada Annabell Guerrero calificó estos requisitos como “regresivos e insostenibles”. Denunció que aún se judicializa a víctimas de violación que buscan ejercer su derecho a abortar, a pesar de la vigencia parcial de la ley.
Zoila Menéndez, de la Colectiva de Mujeres Tejedoras Manabita, recordó que Ecuador enfrenta mandatos internacionales que exigen eliminar barreras para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Mencionó el reciente fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso de Norma, como un precedente que respalda la eliminación de obstáculos legales al aborto.
Las organizaciones exigieron a la Corte Constitucional tratar con prioridad las demandas de inconstitucionalidad, dada su trascendencia social, legal y humana. Insisten en que las actuales restricciones vulneran los derechos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. (I)
